En este espacio, desde el 2011, hemos insistido en la necesidad de investigar a Tomás Yarrington y a varios de quienes fueron sus colaboradores por sus supuestas relaciones con el crimen organizado, aunque la justicia estadounidense sigue teniendo en su contra sólo el testimonio de uno de sus más cercanos colaboradores, Antonio Peña Arguelles, que recibió apenas dos años y medio de prisión por convertirse en testigo protegido, haberse declarado culpable de lavado de dinero y colaboración con grupos del narcotráfico.
El caso de Yarrington no tiene nada que ver con el de Manuel Cavazos, actual senador y antecesor suyo, ni con el de Eugenio Hernández, que fue su sucesor. No se encontraron jamás datos de relación de Cavazos con el narcotráfico y con quien era entonces el jefe del cártel del Golfo, Juan García Abrego, aunque sí de algunos de sus colaboradores y muchos de los funcionarios de seguridad estatal. Tampoco es verdad, como se ha publicado, que Eugenio Hernández esté siendo acusado en una corte de Texas de haber lavado dinero para el cártel de los Zetas. En efecto, se ha presentado una acusación en un tribunal texano por lavado de dinero en contra de Hernández, pero en ella en ninguna parte se habla de recursos provenientes de los Zetas.
Según la acusación presentada en un juzgado de Corpus Christi, Texas, su cuñado Oscar Gómez Guerra (está casado con una hermana de Hernández), enfrenta cargos de asociación ilícita para lavar instrumentos monetarios y ser cómplices de la operación de una empresa no autorizada para envío de dinero. En esa acusación, por la relación familiar, se involucra a Hernández. La acusación se levantó en mayo del 2015 y en junio del año pasado, el fiscal Kenneth Magidson, de Texas, la dio a conocer y lo que el gobierno estadounidense busca es el pago de una multa de 30 millones de dólares.
Eugenio Hernández negó las acusaciones, sostuvo que su dinero y sus propiedades, dos de ellas en Texas, son producto de años de trabajo empresarial, desde mucho antes de que fuera gobernador, labor empresarial que continuó desarrollando después de concluir su administración. Nunca se estableció alguna relación de complicidad entre Hernández y Yarrington (o entre Cavazos y su sucesor) ni siquiera en los momentos más álgidos de la violencia en la Entidad durante la administración de Felipe Calderón.
Apenas días atrás también se publicó que Egidio Torre Cantú, el gobernador saliente del Estado, había comprado una casa en Nuevo León con un costo millonario. En realidad, desde que dejó el gobierno, Egidio vive en una casa rentada en Monterrey y la que se dijo que era suya, es propiedad de un conocido empresario regiomontano.
En Tamaulipas, un Estado tantos años azotado por la violencia y la corrupción que de ella se derivan, la acusación más común entre sus políticos es la de estar relacionados con el crimen organizado, y debe ser difícil que alguien que se dedique a la política, al comercio, a la construcción, a la empresa, no haya conocido o se haya cruzado alguna vez en su vida a alguien relacionado con el crimen.
Esas bandas operan en la frontera, en Tampico, en la Huasteca, en Victoria, en los límites con Nuevo León. Allí nació el cártel del Golfo, que vaya que penetró estructuras institucionales y de él surgieron los Zetas que se conformaron comprando a traidores de las fuerzas armadas y de seguridad que habían sido destacados a Tamaulipas para desmantelar a la organización que entonces encabezaba Osiel Cárdenas. La ruptura del Golfo con los Zetas dejó innumerables víctimas, incluyendo, a colaboradores de Yarrington y probablemente al propio ex gobernador, que quedaron en medio del fuego cruzado, material y político, de esas organizaciones criminales. No transitar con el narco le costó la vida a un futuro gobernador, Rodolfo Torre Cantú y durante estos años hemos visto cómo los avances en desmantelar grandes cárteles dieron como resultado el surgimiento de pequeños y sanguinarios grupos criminales que se han cebado, sobre todo, con la población y con los migrantes, que por miles transitan por el Estado, con delitos como el secuestro y la extorsión.
Nada en Tamaulipas es más sencillo que acusar a un rival político de estar ligado con el crimen o corrompido por éste. Pero en todo esto debe privar, también, un poco de sensatez y siguiendo con la palabra de moda, la posverdad, se debe diferenciar lo que algunos creen o piensan, de los datos duros, de la información fidedigna. Hasta ahora, esa información tiene certidumbre, la tenía por lo menos desde mediados del 2011, respecto a Yarrington y fue un error no haber actuado antes en su contra.
Pero más allá de eso, además de hacer justicia, en estados que han sido tan lastimados como Tamaulipas se requiere también de espacios de reconciliación entre los distintos actores si se quiere doblegar a ese enemigo común que es la inseguridad.